{image}http://www.eldia.com.co/images/stories/181108/mancuso2.jpg{/image}El máximo ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso hoy extraditado a Estados Unidos tiene tres días de Audiencia ante fiscales colombianos con el fin de recoger y suministrar información detallada sobre delitos cometidos a sindicalistas, funcionarios del norte de Santander y masacres de la Gabarra y Tibú que serán trasmitidas a la dirección Seccional del CTI en Cúcuta.
Mancuso deberá confesar hechos que atentaron contra la vida de personas como: Carlos Salvador Bernal, Carlos Arturo Pinto Bohórquez, María del Rosario Silva Ríos, Jesús David Corzo Mendoza, Manuel Antonio Montañez Buitrago, Carlos Eduardo Morales González, José Pérez Gaona, Juan de Jesús Orduz Sánchez, William Marino Wallens Villafañe, Pedro Ramón Becerra Sánchez, Jairo de Jesús Gómez Ariza, Felipe Santiago Mendoza Navarro, Marco Tulio Díaz Fernández, Bernabé Sánchez Medina y Tirso Vélez, entre otros. Al contrario de los otros paramilitares extraditados esta dispuesto a seguir colaborando con el proceso de justicia y paz.
La versión libre de Salvatore Mancuso Gómez será también escuchada el martes en el Teatro Municipal de Ituango (Antioquia) donde se referirá a la incursión paramilitar en los corregimientos de La Granja y El Aro, ocurridas en junio de 1996 y noviembre de 1997, época en la cual Uribe era gobernador de Antioquia se cometieron 150 asesinatos selectivos y dos masacres en Ituango, uno de estos sucedió en el corregimiento del Aro, bajo las ordenes de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, se reunió a la población en el parque central donde se asesinaron a los lideres comunitarios y se torturo a algunos pobladores dentro de sus casas. Al segundo día llego un Helicóptero del ejército nacional donde se distribuyo armamento a los paramilitares finalizando con la quemando y saqueando a todas la casas del casco urbano.
En Montería (Córdoba), el miércoles por la tarde, en el auditorio de la Dirección Seccional de Fiscalías en cuanto a la confesión de hechos en los que fueron víctimas profesores de la Universidad de Córdoba y sindicalistas.
Para el 2006 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al estado colombiano por las masacres de Ituango, debido por crímenes de lesa humanidad y la alianza paramilitar con servidores públicos. El abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle había formulado múltiples denuncias sobre la acción conjunta de tropas adscritas a la IV Brigada del Ejército y grupos paramilitares en Ituango. Presentando sus quejas al general Carlos Alberto Ospina ex comándate del ejército de las Fuerzas Militares.
Mancuso hace unos meses se refirió a la forma como funcionaba el negocio del narcotráfico de cual se financia en su mayoría estos grupos, haciendo cuentas dice que 7 mil millones de dólares entra a ala economía colombiana superando la compra de Bavaria la mas grande empresa privada de Colombia.
El pasado 5 de noviembre “El Alemán” Freddy Rendón, “Julián Bolívar” Rodrigo Pérez, “Hermógenes Mazo” Elkin Jorge Castañeda, “El Botalón” Arnuvio Triana Mahecha, “Pedro Ponte” Raúl Emilio Hasbun y el “Iguano” Jorge Iván Laverde, dirigieron una carta al Ministro del Interior Fabio Valencia Cossío, en la cual amenazan con guardar silencio asegurando que sus familias están siendo victimas de amenazas por la falta de garantía que ofrece el gobierno, explican que se subestiman el poder que tienen los diferentes sectores que se sienten afectados por las declaraciones de los paras.
“Acudimos a Usted para además formularle la presente queja, porque después de haber sido abandonado a medio camino el proceso de paz, incumplidos los acuerdos y descuidada la etapa decisiva de la reincorporación a la vida civil de los desmovilizados de las Autodefensas Campesinas, no puede ser concebible que se someta a igual suerte la fase judicial, que es lo único que subsiste y por mostrar de este endeble proceso de paz, y cuyo fracaso jurídico no lo perdonaría la sociedad ni la historia”. Concluye los paramilitares.
Las victimas señalan que estas conductas representan un irrespeto con los procesos para la verdadera reparación, evadiendo de esta manera la responsabilidad que tienen. El Ministro aun no se ha pronunciado frente a lo acontecido, a demás en las últimas semanas se demuestra que la amenaza so se ha cumplido, ya que si fuera así los desmovilizados correrían el riesgo de perder la pena alternativa de 5 a 8 años de prisión.
Finalmente, Se espera que Mancuso en la Audiencia permita dar a conocer información relevante con el fin de conocer la verdad de las masacres, permitiendo a las victimas el derecho a una reparación, no obstante, se debe tener la ley de victimas quien hoy es de debate dado los pocos alances que tiene frente a una reparación efectiva.
