Tal y como lo denunciamos el 10 de julio, el Gobierno intensifica la liquidación estatal para convertir ese patrimonio en plata de bolsillo, en la perspectiva de afianzar su política clientelista, en la antesala de una contienda electoral.
 

No obstante la preocupación nacional sobre la privatización del sector eléctrico, el Gobierno nacional da vía libre a la venta de las acciones que posee en las electrificadoras de Boyacá, Santander, Meta, Cundinamarca y Norte de Santander y expide los decretos mediante los cuales se inicia el proceso de entrega al sector privado.

Es tal el afán gubernamental por el traspaso de las electrificadoras al sector privado, que ha hecho una valoración por debajo del precio real, sólo con el propósito de complacer a quienes usufructúan de la política gubernamental, representada en múltiples prebendas convirtiendo un  servicio público en un negocio altamente rentable, financieramente hablando, con detrimento para los sectores sociales.
 
Pero a renglón seguido, burla el proceso de democratización establecido en la Constitución Nacional, en su Artículo 60, y desarrollado en la Ley 226 de 1995, al darle un manejo perverso a la primera opción que tienen los sectores solidarios, de trabajadores y pensionados.
 
Sobra advertir que mientras para algunas otras empresas el gobierno inicia un proceso abierto de democratización accionaria, para estas empresas se les da prioridad a la enajenación estatal, que conduce al fortalecimiento privado, con grave perjuicio a los usuarios.
 
Así las cosas, demandamos del Procurador General de la Nación, de la Contraloría General de la República y el Defensor del Pueblo, actuar en correspondencia con su competencia constitucional y legal, en salvaguarda del patrimonio público, porque a nuestro juicio los decretos emitidos contravienen la Constitución y la legislación nacional en dicha materia.
 
 
CARLOS RODRIGUEZ DIAZ
Presidente
Bogotá, 11 de julio de 2007