México vive hoy una situación crítica en materia de Derechos Humanos que se ha visibilizado de manera contundente con el secuestro, desaparición y asesinato de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, desaparecidos desde el 26 de septiembre en Iguala , asesinados y posteriormente quemados, según las primeras declaraciones de los implicados, por el grupo criminal Guerreros Unidos, en connivencia con la fuerza pública y la complicidad autista del gobierno Federal.
Ese doloroso y lamentable juvenicidio lo que coloca al centro de la problemática mexicana es la existencia de unas precarias condiciones de gobernabilidad frente a la acción desestabilizadora de los carteles de la droga, el crimen organizado trasnacional y el narcoterrorismo que unido a los problemas migratorios y de pobreza generalizada va arrastrando el país a un indetenible espiral de violencia que afecta al común de las familias mexicanas y en general a toda la sociedad.
No se trata de un caso excepcional esta masacre, una oleada de crímenes azota todo el territorio mexicano comprometiendo de manera directa a la fuerza pública y a funcionarios del Estado que permeados por la capacidad de fuego y corrupción de la delincuencia organizada participan y/o permiten que se produzcan asesinatos, masacres y desplazamiento forzado de población que se encuentra en condiciones de absoluta desprotección en regiones donde el poder de la delincuencia está por encima del Estado .
La impunidad, corrupción e infiltración del narcotráfico en cuerpos de seguridad que se agudizaron durante el combate militar antidrogas de Felipe Calderón (2006-2012) permanecen bajo el mandato de Enrique Peña Nieto, que permanece inmune ante las violaciones de derechos humanos, conforme lo ha expresado José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW. Más de 80,000 personas han sido asesinadas en México y 22,000 desaparecidas en el corto periodo de 8 años.
En este país, las autoridades hablan de la existencia de siete carteles de tráfico de drogas: los carteles de Sinaloa, Juárez, Tijuana, los Beltrán Leyva, El Golfo, Milenio y La Familia, pero es necesario sumar a estas organizaciones criminales a sectores de la fuerza pública, la clase política y empresarial, así como a las empresas trasnacionales que operan en el país y que desarrollan de manera directa, por acción o por omisión, practicas de complicidad con las olas de criminalidad que azotan distintas regiones del territorio mexicano ensañándose con los activistas sociales y la población más desprotegida .
Estos cartel están organizados a través de grupos más pequeños que operan coordinadamente en acciones de narcotráfico, practicas de sicariato y acciones de bandas criminales, delincuencia común y organizada que desarrollan entre ellos permanentes guerras por rutas y territorios, negocios y transacciones financieras, en las que van involucrando la institucionalidad de la nación mexicana, dada a las prácticas de corrupción e impunidad, a la clase política cómplice, a los sectores económicos que hacen el papel de testaferros calificados y cada vez con más fuerza a la población que frente a las dificultades generadas por la pobreza no encuentra otra ruta para sobrevivir que la informalidad y la delincuencia.
La precarización de la situación de seguridad ha conducido a los dos ultimos gobiernos (Calderón - Peña Nieto) a desarrollar una guerra militar contra el crimen organizado que ha tenido un fuerte impacto en materia de derechos humanos y la degradación institucional con la irrupción del fenómeno paramilitar como práctica de terrorismo de Estado y el cometimiento de crímenes de lesa humanidad.
