Estimado Presidente:

Quería pedirle,
Señor Presidente, que me contrate como espía. El problema es que no soy ni estudiante paisa ni taxista caleño y su propuesta parece limitada a esos grupos de la población. Me pregunto si será necesario limitar tan buena idea a estudiantes y taxistas. ¿No cree Usted que debe haber más de un profesor agazapado tramando acciones sospechosas?

Colombia tiene seguridad democrática, pero no seguridad social. Y todo porque no se puede tener todo en la vida. Y todo porque la existencia de la primera depende de la inexistencia de la segunda. Si no hubiera 2'434.000 desempleados, si nuestra economía no se sostuviera a punta de subempleados y rebuscadores, si la corrupción no fuera una forma de ser, la educación no se limitara a ser una lucha a ciegas contra las cifras, y la salud, a punto de quebrar, fuera respetada por la ley como un derecho fundamental de todos, entonces tendríamos que defendernos de muy pocos monstruos y la famosa seguridad democrática pasaría a un segundo plano en el sórdido paisaje nacional: dejaría de ser un favor magnánimo que cuesta 21 billones de pesos al año, un pulgar levantado por la carretera, un efectivo eslogan de campaña, para convertirse en lo que debe ser: una simple obligación del Estado.

En carta pagada como aviso de prensa, Fendipetróleo le dijo al presidente Álvaro Uribe que las pequeñas y medianas empresas (pymes) de la distribución minorista de los combustibles se encuentran “en camino de extinción”, porque, con el concurso de la regulación estatal, están “en peligro de ser desplazados por grandes emporios que pretenden apropiarse de una actividad económica desarrollada durante varias generaciones por familias” colombianas.